EL ACCESO A INTERNET COMO PROTECCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN
El derecho fundamental a la educación, consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, implica no solo su reconocimiento formal, sino también la obligación del Estado de garantizar condiciones reales para su ejercicio efectivo. En este sentido, la educación no se limita a la mera existencia de instituciones educativas, sino que requiere el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología en condiciones de igualdad. En el contexto contemporáneo, este acceso se encuentra profundamente mediado por las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), lo que ha transformado la manera en que el Estado cumple su función de garantizar este derecho fundamental.
En desarrollo de este mandato, el gobierno colombiano ha implementado diversas estrategias orientadas a incorporar las TIC en el sistema educativo, con el objetivo de mejorar el acceso, la calidad y la cobertura del servicio. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las políticas públicas en esta materia han buscado fortalecer la conectividad en las instituciones educativas, promover el uso pedagógico de herramientas digitales y desarrollar competencias digitales en estudiantes y docentes, así lo indicó el viceministro de Transformación Digital Andrés López en el marco de la Feria del Libro 2026 al señar que “La transformación digital de Colombia se recorre por millas, y una de las más decisivas comienza en las aulas. Con Tecnologías para Aprender damos un paso firme en esa ruta: partimos del acceso y la conectividad, avanzamos en habilidades digitales, fortalecemos la innovación educativa, impulsamos la productividad del talento y abrimos camino hacia la soberanía tecnológica. Este nuevo concepto demuestra que ya no hablamos solo de entregar computadores: hoy llegamos a los territorios con equipos audiovisuales, laboratorios de innovación y herramientas que convierten la tecnología en aprendizaje real. Así, el Gobierno del presidente Gustavo Petro cumple con hechos su compromiso de cerrar brechas y ampliar oportunidades para niñas, niños y jóvenes de todo el país”[1]
La estrategia “Tecnologías para Aprender” del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representa una apuesta integral para transformar la educación en Colombia a través del uso de herramientas digitales. Esta iniciativa no se limita a la entrega de dispositivos, sino que busca fortalecer la conectividad en las instituciones educativas, desarrollar habilidades digitales en estudiantes y docentes, y promover el uso pedagógico de la tecnología. De esta manera, el Estado pretende que las TIC se conviertan en un medio efectivo para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ampliando el acceso al conocimiento y contribuyendo a la garantía del derecho fundamental a la educación en el país.
Sin embargo, el rol de las TIC en la educación no se limita a facilitar procesos, sino que configura una condición estructural para el ejercicio efectivo del derecho. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en la Sentencia T-030 de 2020[2], en la cual se analizó la vulneración del derecho a la educación de estudiantes en zonas rurales debido a la suspensión del servicio de internet. En esta decisión, la Corte estableció que el acceso a internet forma parte de la faceta prestacional del derecho a la educación, en la medida en que constituye una condición necesaria para el acceso efectivo al conocimiento en el contexto actual. La Corte concluyó que la falta de conectividad no solo dificulta, sino que puede impedir el ejercicio del derecho, por lo que ordenó restablecer el servicio. Este pronunciamiento evidencia que el acceso a las TIC, particularmente a internet, no es un lujo ni un complemento, sino un elemento esencial para la garantía del derecho fundamental a la educación.
No obstante, a pesar de los avances en la incorporación de tecnologías en el sistema educativo, persisten importantes desafíos que limitan su efectividad. El principal de ellos es la brecha digital, entendida como “a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no; asimismo, a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz.”[3] Esto implica que el acceso a las TIC no depende únicamente de la infraestructura, sino también de factores como ingresos, educación y ubicación geográfica, lo que limita la garantía equitativa de derechos como la educación.
No obstante, el país ha logrado avances importantes en la reducción de la brecha digital en los últimos años. De acuerdo con información publicada en 2025 por el portal Impacto TIC, basada en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024), el 65,6 % de los hogares colombianos cuenta con conexión a Internet y más del 90 % de la población utiliza el teléfono celular como principal medio de acceso.[4] Estos indicadores evidencian una mejora progresiva en el acceso y uso de tecnologías, resultado de políticas públicas orientadas a ampliar la conectividad y promover la inclusión digital. En este sentido, la brecha digital ha disminuido en términos cuantitativos en los últimos años, permitiendo que un mayor número de ciudadanos acceda a servicios digitales y oportunidades educativas. Sin embargo, estos avances no han sido homogéneos, ya que persisten diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales, donde el acceso diario a Internet puede variar en más de 20 puntos porcentuales, lo que demuestra que aún existen retos importantes en términos de acceso efectivo y calidad del servicio.
En conclusión, el acceso a internet y a las tecnologías de la información y las comunicaciones se ha consolidado como una condición indispensable para la garantía efectiva del derecho fundamental a la educación en Colombia. Si bien el Estado ha avanzado en la implementación de políticas públicas orientadas a ampliar la conectividad y fortalecer el uso pedagógico de las TIC, estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a las desigualdades estructurales que persisten en el país.
La Corte Constitucional ha dejado claro que la conectividad no es un elemento accesorio, sino un componente esencial del derecho, lo que impone al Estado una obligación reforzada de garantizar su acceso en condiciones de equidad y calidad. En este sentido, el verdadero desafío no radica únicamente en aumentar la cobertura, sino en asegurar un acceso significativo que permita a todos los ciudadanos participar plenamente en los procesos educativos. Solo a través de una política integral que articule tecnología, inclusión y desarrollo social será posible materializar de manera real y efectiva el derecho a la educación en la era digital.
Abogada
[1] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026, abril 28). Tecnologías para Aprender: la nueva apuesta en educación digital para transformar aprendizajes. https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/437408:Tecnologias-para-Aprender-la-nueva-apuesta-en-educacion-digital-para-transformar-aprendizajes
[2] Corte Constitucional de Colombia. (2020, enero 29). Sentencia T-030 de 2020 (M. P. Diana Fajardo Rivera). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/t-030-20.htm
[3] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (s. f.). [Índice de Brecha Digital Resultado 2024]. Colombia TIC. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-411724_recurso_1.pdf
[4] Impacto TIC. (2025, octubre 30). Uso de las TIC en Colombia, según el DANE. https://impactotic.co/tecnologia/uso-de-las-tic-en-colombia/
